Un párrafo bastó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para zanjar el conflicto de competencia que se extendió durante casi un año y medio, y en el que intervinieron, en total, siete jueces y seis fiscales. Esas pocas líneas adhieren a la posición del procurador general interino, Eduardo Casal, quien había opinado que la Justicia Nacional porteña era la que “en mejores condiciones estaba de dar la respuesta judicial más efectiva” a las denuncias de supuesto abuso sexual con acceso carnal contra el senador (con licencia) José Alperovich que había formulado su sobrina y ex colaboradora.

Los ministros Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti deliberaron qué hacer durante casi un año -no tenían plazo para expedirse-. Mientras tanto y con la pandemia como telón de fondo, la Justicia Nacional con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y los Tribunales tucumanos siguieron sustanciando medidas de prueba. Mientras que el 19 de octubre pasado el juez local Raúl Armando Cardozo suspendió de oficio los plazos hasta que la Corte se pronunciara, en diciembre los fiscales porteños Santiago Vismara y Mariela Labozzetta solicitaron la citación a indagatoria de Alperovich.

Todas las actuaciones quedarán ahora concentradas en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°35 que encabeza el juez Osvaldo Rappa. Era justo lo que no quería el senador cuyo mandato concluye este año y que permanece ausente de su banca desde la presentación de las acusaciones (la última extensión por seis meses de la licencia sin goce de sueldo fue aprobada en diciembre). Su defensa había bregado para que la causa fuese tramitada en la provincia, y hasta instó dos audiencias orales y públicas a las que el ex gobernador no asistió -la denunciante presenció los actos en una cabina desde la cual podía ver, pero no ser vista-. En la primera de estas apelaciones, el entonces juez Enrique Pedicone dispuso que el máximo tribunal resolviera quién debía investigar el caso iniciado en Buenos Aires y en Tucumán al mismo tiempo.

Si bien el asesor jurídico de la joven, Ricardo Santoro, explicó en enero de 2020 que habían acudido a las dos jurisdicciones porque los hechos las involucraban a ambas, en octubre la denunciante admitió que había habido más progresos en Buenos Aires. La sobrina y ex colaboradora del senador expresó en una carta: “en Tucumán la investigación nunca estuvo ligada a la cronología de los actos que denuncié, lo cual me resulta llamativo y preocupante”. Y agregó que la Justicia local se había dedicado a indagar a los testigos de la defensa sobre cuestiones vinculadas “a la supuesta conspiración política que intentó instalar Alperovich”.

Ocurre que, tras ser denunciado, el ex gobernador presentó un descargo ante el entonces juez Facundo Maggio (hoy camarista) en el que afirmó que su sobrina había sido “usada por sus enemigos políticos”. Concretamente, Alperovich dijo que dos aliados al gobernador Juan Manzur, el concejal David Mizrahi y el diputado Carlos Cisneros, y el abogado Gustavo Morales habían “planeado la denuncia de la violación” para destruirlo. Hasta febrero, esta contradenuncia no había sido formalizada por la mesa de entrada penal como dispuso la Justicia, según confirmó el defensor Mariano Cúneo Libarona en una entrevista. En ese diálogo, el abogado porteño volvió a insistir con que la denunciante había complicado la investigación al presentarse en dos Tribunales distintos. Al analizar el asunto, el jefe suplente de los fiscales nacionales y federales se decantó por la CABA, donde habría ocurrido el primer hecho denunciado. Casal opinó: “esta institución puede garantizar un acceso adecuado a la justicia por parte de la víctima de violencia de género”.

Un caso que empezó en dos jurisdicciones

El 22 de noviembre de 2019 ingresan dos denuncias contra Alperovich por supuesto abuso sexual: una en Tucumán y otra en la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

En diciembre, el juez porteño Rappa decide enviar su caso a Tucumán, pero, luego, el camarista González Palazzo revoca la decisión y confirma su competencia.

Casi al mismo tiempo, el entonces juez local Maggio se declara incompetente y manda el caso a la capital del país, acto que la defensa de Alperovich apela.

El 14 de enero de 2020, el entonces camarista tucumano Pedicone resuelve que siga el proceso en Tucumán hasta que la Corte nacional se pronuncie.

El 27 de mayo de 2020, el procurador general Casal opina que la investigación debe ser concentrada en la CABA, postura que ayer acogió la Corte de la Nación.